por Alejandro Fabara Torres
La delincuencia organizada no solo libra una guerra violenta contra el Ecuador cuando mata, secuestra, extorsiona, asalta y explota vehículos. Otro de sus objetivos es producirnos miedo, incertidumbre, desmoralización e impotencia. Quieren aterrorizarnos para acabar con nuestra resistencia, polarizarnos, apagar la esperanza de la gente y confrontar a los poderes del Estado. Estamos ante una guerra psicológica.
A más de cada esfuerzo que hace el Gobierno nacional para luchar contra el crimen, deben sumarse las voluntades de todos los actores institucionales, políticos y sociales. La instalación de la segunda mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado envía un poderoso mensaje para el país. La unidad de todos los poderes del Estado y sus representantes es el único camino para salir de esta crisis. El presidente de la República, Guillermo Lasso, liderando este frente sigue comprometido en hacer todos los esfuerzos estatales necesarios para asegurar la paz social, incluso llegando «hasta las últimas consecuencias» para frenar la ola de violencia presentada en los últimos meses. La Fiscal General asegura que el trabajo investigativo de su institución garantizará frenar la impunidad. El Presidente de la Corte Nacional compromete el correcto accionar de los jueces para que la ley prevalezca ante el delito. La Asamblea Nacional tiene la oportunidad de demostrar coherencia con las demandas ciudadanas —desechando su voraz apetito político— aprobando la urgente reforma constitucional, presentada hace meses, por el Presidente que garantizará una colaboración continua entre Policía y Fuerzas Armadas para la prevención del delito y el mantenimiento del orden público.
Pero en esta mesa faltan dos actores fundamentales: los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Los medios informativos deben sumarse a un consenso nacional y realizar una profunda reflexión sobre su lugar en la construcción de la realidad y el impacto en la vida cotidiana del país, no como una forma de intentar regular sus contenidos. Sin faltar a la verdad, la situación actual pide más responsabilidad para generar contra narrativas que deslegitimen el discurso de los criminales, subrayando su ilegitimidad e indicando la victimización a la que estos someten al conjunto de la sociedad civil contra la que actúan. Alarmar, polarizar y banalizar la violencia criminal no aporta soluciones al problema.
La sociedad civil también está invitada a sumarse a esta cruzada por la seguridad. Su decepción y desconfianza en las instituciones es entendible. Pensar que la creciente ola de violencia es solo una mera coincidencia con el proceso de desestabilización política que enfrenta el Gobierno nacional es ingenuo. Una cacería de brujas para solo buscar culpables y no soluciones debilita la confianza en el Estado en su conjunto, así el objetivo de los criminales se va cumpliendo de a poco. El enemigo común de los ecuatorianos es la delincuencia organizada, no las autoridades, no la Policía Nacional, no los jueces, no los fiscales. La única forma de vencer a los criminales es mostrar un frente común en defensa de la patria, lejos de cualquier ideología política, diferencia cultural o animadversión personal.
El miedo es el arma de los débiles, pero la unión es más poderosa que el miedo. Hemos enfrentado y superado retos —guerras, crisis económicas y desastres naturales— solamente manteniéndonos unidos alrededor de nuestros ideales comunes como una sola nación, como un solo pueblo. Mientras nos mantengamos fieles a esa tradición y principios, no tengo duda que Ecuador prevalecerá.
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