¿QUÉ PROPONE LA LEY PARA DESARTICULAR LA ECONOMÍAS CRIMINALES?
- Alejandro Fabara Torres
- 28 may
- 2 Min. de lectura
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea logró aprobar este 27 de mayo el informe para el primer debate de la Ley Económica Urgente para Desarticular las Economías Criminales con 8 de los 10 votos posibles. Se registraron incluso los votos favorables de dos legisladores de RC.
¿Qué observaciones se tomaron en cuenta?
En lo económico, se mantiene el beneficio tributario por donaciones de la empresa privada a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se sumaron los bienes inmuebles entre las posibilidades de donación.
En materia penal, se extendió la tipificación del delito de crimen organizado. Entonces, pertenecer a un grupo de delincuencia organizada será sancionado con una pena privativa de libertad superior a 25 años.
En el marco del conflicto armado interno reconocido por el proyecto, los casos presentados ante la justicia serán competencia de jueces anticorrupción especializados.
En cuando a la audiencia de juicio, en la propuesta original debía ser convocada en un plazo máximo de quince días tras la aprehensión o detención. En el informe, se determinó que ese plazo se extienda a 90 días.
Se insiste en la figura de allanamientos sin orden judicial, pero se establecieron requisitos para que estos procedimientos cuenten con informes de inteligencia que los justifiquen.
Sobre indultos anticipados a policías y militares, la Comisión moduló la propuesta del Ejecutivo. Quienes apliquen a este beneficio, al menos, deberán esperar a después de la investigación previa, para que exista una noción de cuál será la pena del delito imputado.
¿Cuándo será el debate del primer informe?
Con estos cambios, está previsto que el primer debate de esta ley económica urgente se realice el próximo viernes 30 de mayo.
¿Cuáles son los puntos centrales de la propuesta?
Reconocimiento del Conflicto Armado Interno (CANI)
Se establece un régimen jurídico específico para el conflicto armado no internacional en Ecuador.
El Presidente podrá declarar mediante decreto ejecutivo la existencia del CANI e identificar a los grupos armados organizados responsables.
Marco legal especial sin necesidad de estado de excepción
Se crea un régimen diferenciado del estado de excepción, que no requiere autorización de la Asamblea ni revisión de la Corte Constitucional.
Este marco habilita medidas extraordinarias en seguridad, economía y justicia, adaptadas al contexto de guerra interna.
Medidas contra la economía criminal
Se adoptan herramientas para interrumpir el financiamiento del crimen organizado: narcotráfico, extorsión, minería ilegal, contrabando, lavado de activos, entre otros.
Incluye confiscación de bienes, congelamiento de cuentas y bloqueo de transacciones sospechosas.
Protección a la población civil
Se establece el principio de distinción entre combatientes y civiles, siguiendo el Derecho Internacional Humanitario.
Se refuerzan las garantías para grupos vulnerables como periodistas, refugiados, personal humanitario y niños.
Articulación institucional
Se exige coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero y otras entidades.
Se contempla cooperación internacional con respeto a la soberanía nacional.
Reactivación económica y social
Se prevé el uso de bienes incautados al crimen organizado para financiar proyectos de desarrollo en zonas afectadas por el conflicto.
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