LATACUNGA NO SE TOCA

Defender Latacunga: un llamado cívico

El concepto de «Latacunga No Se Toca» es, ante todo, un llamado cívico. No tiene tintes políticos ni ideológicos: abraza a todos los latacungueños en su diversidad. Defender Latacunga no significa alinearse con un gobierno o con un movimiento social, sino proteger lo que nos pertenece a todos: nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras costumbres y nuestra identidad. Latacunga es nuestra casa, y como tal, debe ser preservada y respetada.

Esta ciudad no pertenece a un grupo ni a una ideología, sino a la gente que vive en ella. Por eso, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir una convivencia pacífica, en libertad y sin miedo a la violencia. La protesta debe ser un ejercicio democrático de expresión, no un pretexto para la destrucción ni la imposición.

El derecho a la protesta: paz y libertad

La Constitución de la República del Ecuador reconoce la protesta pacífica como una de las formas esenciales de participación ciudadana. El artículo 98 garantiza este derecho siempre que se ejerza sin afectar los derechos de otros. La protesta es vital en democracia, pues permite a los sectores sociales expresar inconformidades y reclamar soluciones.

Sin embargo, la protesta pacífica no puede confundirse con paralizaciones violentas. Las movilizaciones de 2019 y 2022 mostraron cómo la violencia y los bloqueos dejaron graves consecuencias económicas y sociales. En 2019, las pérdidas superaron los $1.000 millones y se interrumpió el abastecimiento de alimentos y medicinas. En 2022, la Cámara de Comercio de Quito estimó pérdidas de más de $500 millones, sumadas al daño en la confianza empresarial y la seguridad jurídica.

Más allá de lo económico, las paralizaciones alimentan la desconfianza entre el gobierno y los movimientos sociales, y también entre los ciudadanos que no se sienten representados por ninguna de las partes. La falta de un diálogo efectivo genera un vacío de gobernabilidad, donde las soluciones se ven opacadas por la constante tensión.

El traslado de la sede del Gobierno a Latacunga: ¿una provocación?

Presentar este traslado como una provocación es invertir la lógica de los hechos. La violencia no la genera el Ejecutivo al instalar su sede temporal en Latacunga, sino quienes han convertido la protesta en sinónimo de bloqueos, vandalismo e intimidación. El propio comunicado del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), al hablar de «tomarse Latacunga», de «regular el libre tránsito» y la amenaza implícita de abastecerse para «evitar problemas de provisiones» deja clara su intención de imponer condiciones sobre la población.

En lugar de plantear un debate constructivo, estas movilizaciones están enfocadas en el control y la imposición de una agenda, más que en encontrar soluciones dialogadas. Por ello, el verdadero mensaje de coacción proviene de quienes buscan interrumpir la vida cotidiana y someter a la ciudadanía bajo la amenaza de la fuerza.

Hablar de «militarización» en Latacunga como si fuera un hecho inédito o desproporcionado desconoce algo básico: el Presidente, por su investidura, necesita medidas de seguridad donde esté. Lo mismo ocurre en la Plaza Grande de Quito, donde Carondelet está rodeado permanentemente de vallas, policía y fuerzas armadas.

Claro, hay una diferencia de magnitud y logística entre la Plaza Grande y el centro de Latacunga, pero la lógica es la misma: proteger la sede del Ejecutivo, los bienes públicos y la seguridad ciudadana frente a eventuales actos de violencia. Nadie se sorprende de que Carondelet tenga resguardo especial; lo mismo corresponde en Latacunga si allí se instala temporalmente la sede. Por eso no es correcto llamar a esto «usar la ciudad como escudo político». Es simplemente la aplicación de protocolos de seguridad inherentes a la figura presidencial.

Foto: Gabriel Díaz.

¿Qué nos haría pensar que esta vez será diferente?

Las demandas de los pueblos indígenas y de otros sectores sociales son legítimas, pero su expresión no debe comprometer la seguridad ni el bienestar de la mayoría. Entonces la pregunta es válida: ¿Qué nos haría pensar que esta vez será diferente?.

En 2019, cuando el país vivió una serie de protestas en contra del aumento de combustibles, Latacunga no fue ajena a los efectos de los disturbios y bloqueos. Las paralizaciones y los actos de violencia impactaron directamente nuestra economía local, afectando el comercio, el transporte, y poniendo en riesgo la seguridad de nuestras familias. La destrucción de bienes y la interrupción de los servicios básicos fueron solo algunos de los costos sociales y económicos de una protesta que se desbordó hacia la violencia. Además, el país entero fue testigo de cómo, en ese entonces, el mensaje legítimo de descontento fue opacado por la agresión y el vandalismo. En 2022, las movilizaciones volvieron a encender el fuego de la división social. Latacunga fue nuevamente escenario de bloqueos, lo que paralizó el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana con similares consecuencias económicas y sociales.

La lección es clara: la protesta pacífica fortalece la democracia; la violencia la destruye. Cada vez que una protesta se convierte en un acto destructivo, se pierde la oportunidad de lograr consensos y soluciones pacíficas.

Fin de un subsidio injusto

La eliminación del subsidio al diésel es indispensable para corregir distorsiones económicas que, por décadas, han debilitado las finanzas públicas y beneficiado a grandes grupos y al contrabando, no a las familias vulnerables. Sincerar la economía implica asumir precios reales, promover eficiencia y liberar recursos para salud, educación y seguridad.

El Gobierno ha dado un paso importante al implementar compensaciones para transportistas y agricultores, pero la transición debe acompañarse de políticas de transporte público más eficientes, incentivos a la modernización productiva, programas de eficiencia energética y controles efectivos contra la especulación. Solo así la medida podrá consolidarse como una oportunidad para construir una economía más justa, competitiva y sostenible.