¿QUIÉN GANA Y PIERDE CON UN PARO?

Una eventual paralización nacional convocada por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, paradójicamente, podría beneficiar al gobierno en varias dimensiones. Pero el gran perdedor sería el país.

En lo político

Para el país en general, el costo político se refleja en la polarización, el desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones y el debilitamiento del clima de gobernabilidad. La reiteración de estas crisis transmite a la comunidad internacional una imagen de inestabilidad crónica que frena inversiones y limita las posibilidades de alcanzar acuerdos políticos amplios.

Para el gobierno, aunque enfrenta la presión social y el riesgo de un escenario conflictivo, también puede capitalizar la protesta para presentarse como garante de la estabilidad y del interés nacional. Si logra mantener el orden y comunicar con eficacia, el paro reforzaría su narrativa de responsabilidad frente a actores que ponen en riesgo la economía y la paz social.

El movimiento indígena y la CONAIE se arriesgan a profundizar la imagen de actores desestabilizadores, asociados al caos y al bloqueo, lo que debilitaría su legitimidad frente a amplios sectores urbanos y de clase media que demandan orden. Además, expondrían su incoherencia al rechazar los subsidios al diésel mientras critican el extractivismo, lo que puede erosionar su discurso político y abrir fracturas internas entre quienes apuestan por la vía institucional y quienes privilegian la movilización radical.

En lo económico

Una nueva paralización nacional tendría consecuencias inmediatas y profundas: pérdida de cientos de millones de dólares en ventas y producción, interrupción del transporte de alimentos y combustibles con desabastecimiento y alza de precios, afectación al empleo informal y al ingreso diario de miles de familias, reducción de exportaciones clave como flores y banano, y un fuerte golpe a la confianza de inversionistas y mercados internacionales. En conjunto, el país sufriría un retroceso económico que impactaría con mayor dureza a los sectores más vulnerables.

Una paralización similar a la de 2019 o 2022 le costaría a Ecuador al menos entre $800 millones y $1.300 millones, si la duración supera los 10 a 15 días y los bloqueos tienen amplio alcance. En escenarios más moderados, las pérdidas podrían estar en el rango de $300 a 700 millones, si se logra contener el paro rápidamente.

En lo social

El malestar ciudadano por los efectos directos de una paralización (bloqueo de carreteras, encarecimiento de alimentos, afectación al empleo informal y a los servicios básicos) suele volcarse contra quienes convocan la protesta, sobre todo si la población percibe que ya existen compensaciones o medidas de alivio propuestas por el gobierno. Esto abre un espacio para que el Ejecutivo canalice apoyo social en torno a la idea de orden, gobernabilidad y estabilidad, reforzando la imagen presidencial como garante del «interés nacional».

En lo comunicacional

El oficialismo puede capitalizar la incoherencia del movimiento indígena: rechazar el modelo extractivista mientras exige mantener subsidios a combustibles fósiles. Este argumento, bien posicionado, coloca al gobierno como defensor de un modelo económico responsable y moderno, en contraste con un movimiento atrapado en contradicciones. Además, el recuerdo de los impactos negativos de 2019 y 2022 (violencia, pérdidas económicas, desabastecimiento) puede ser utilizado para reforzar el discurso de que quienes paralizan no representan al país, sino a una minoría radicalizada.